La doble vara de medir: la protección del cliente y el desamparo del abogado.

Por: abogado Nelson Hurtado O.

En Colombia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha considerado la posibilidad de presentar un proyecto de ley que obligue a ciertos abogados a restituir a sus clientes dineros, bienes y otros efectos de los que se hayan apropiado indebidamente. Sin duda, esta iniciativa se alinea con la necesidad de fortalecer la ética profesional y la confianza en el ejercicio del derecho. Sin embargo, esta propuesta suscita una inquietud fundamental: ¿cuándo se presentará un proyecto de ley que, con iguales o similares medidas, impida que los abogados sean despojados de sus honorarios de manera injusta y abusiva por los mismos clientes que defienden?

El ejercicio de la abogacía, como cualquier otra profesión, debe estar regulado por principios de equidad y justicia. No obstante, en la práctica, muchos abogados en Colombia se enfrentan a una preocupante realidad: tras obtener sentencias favorables para sus clientes, estos se niegan a pagar los honorarios pactados, afectando gravemente el sustento de los profesionales del derecho y de sus familias. Esta situación se ve agravada por la interpretación restrictiva de algunos jueces laborales, quienes, en virtud de un exceso ritual manifiesto, consideran que un contrato de prestación de servicios no cumple con los requisitos de un título ejecutivo, obligando al abogado a iniciar un proceso declarativo que puede tardar más de tres años en resolverse.

El resultado de esta deficiencia en la protección de los derechos del abogado es desalentador: al momento de la ejecución de la obligación, el cliente muchas veces se ha despatrimonializado por completo, de manera real o presunta, o ha transferido sus bienes a testaferros, haciendo ineficaz cualquier acción legal. Esto no solo vulnera el derecho al trabajo y la dignidad del abogado, sino que también incentiva una cultura de impunidad y abuso en la relación cliente-abogado.

Ante este panorama, resulta imperativo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como otras instancias legislativas y judiciales, consideren un marco normativo que garantice la justa retribución del abogado y el pago efectivo de sus honorarios. Algunos mecanismos que podrían implementarse incluyen:

Fortalecimiento de la ejecutividad del contrato de prestación de servicios: En no pocos casos y vía «exceso ritual manifiesto», como consta en un auto reciente, sin empacho se afirma que debe acudirse al proceso ordinario declarativo, por cuanto como se desprende de la demanda, se trata de «un incumplimiento contractua, por no pago de los honorarios» debe acudirse al proceso ordinario declarativo laboral» y no al «ejecutivo laboral» aunque en el contrato conste una obligación «expresa, clara y exigible». ¿Error jurisdiccional o «expreso y claro» prevaricato?

Garantías patrimoniales: Establecer la obligación de los clientes de constituir garantías reales o personales sobre el pago de honorarios, especialmente en litigios de alto valor.

Sanciones para clientes morosos: Implementar medidas de restricción en el acceso a la justicia para aquellos clientes que, habiendo obtenido un beneficio judicial, incumplan con el pago de los honorarios de su abogado.

Responsabilidad solidaria: En casos de despatrimonialización fraudulenta, permitir la acción contra terceros para la plena garantía del pago de los honorarios.

Sanciones ejemplares a abogados: que asumen, asesoran y patrocinan acciones defraudatorias de los honorarios de sus colegas.

La justicia no puede operar con una doble vara de medir. Así como se busca proteger a los clientes de eventuales abusos por parte de algunos abogados, es imperativo que también se proteja a los abogados de los abusos de ciertos clientes. El equilibrio en la relación contractual entre abogado y cliente es esencial para garantizar la confianza en el ejercicio profesional y la estabilidad del sistema judicial. De lo contrario, se seguirá promoviendo una cultura en la que la buena fe del abogado es asaltada sistemáticamente y en la que su derecho a una retribución justa queda relegado a la incertidumbre de un proceso judicial prolongado e ineficaz.